La juventud del ARI se refirió a la urgente necesidad de "aumentar el presupuesto para educación" en todos sus niveles

La juventud del ARI de Entre Ríos se manifestó de manera determinante sobre la “apremiante necesidad” de solicitarle a los gobierno provincial y nacional un aumento sustancial y genuino del presupuesto destinado al sostenimiento de la educación pública.

Destacaron que, a pesar de los aumentos nominales, la caída en los montos destinados a educación en todos sus niveles es notoria y se ha ido intensificando desde la década del ’90, especialmente en los niveles primario y secundario, luego de la transferencia de los establecimientos públicos a las provincias sin la correspondiente transferencia de los fondos necesarios.

Distintas situaciones permiten dar cuenta de esto: “la profundización de los problemas edilicios en muchísimas instituciones educativas de todo el territorio provincial, afectando gravemente el derecho a la educación de miles de entrerrianos y entrerrianas”, manifestaron algunos de los referentes.

“Tampoco la universidad pública escapa a esto: el chantaje al que han sido sometidas las universidades, como la UNER, al ser financiadas con fondos provenientes de empresas contaminantes o con negocios espurios (como es el caso de la minera Bajo la Alumbrera) para poder garantizar el normal funcionamiento de sus unidades académicas y de sus actividades resulta inadmisible” explicó Maximiliano Gómez, referente de la juventud de Paraná. “Es inmoral aceptar fondos provenientes de agentes externos que son responsables claros de un genocidio ambiental en provincias como San Juan y Catamarca” agregó, en referencia a la reciente votación acaecida en el seno del Consejo Superior de la UNER.

De esta manera, desde esta fuerza política que es núcleo constituyente de la Coalición Cívica, afirmaron que es momento de “poner nombre y apellido, delimitar roles y responsabilidades, de todos aquellos funcionarios públicos que deben asegurar el derecho a la educación, como forma elemental y básica de conformar una sociedad más justa e igualitaria".

Finalizaron remarcando que "desde el Ministro de Educación de la Nación, pasando por los gobernadores provinciales, se tienen que hacer cargo de esta grave situación todos los funcionarios que son cómplices (por acción u omisión) del empobrecimiento cultural y educacional de todo el pueblo argentino".